Integridad de las personas con VIH/Sida

Integridad de las personas con VIH/Sida

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El pasado 30 de diciembre de 2014, fuimos testigos de un avance legislativo histórico en materia de protección a los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad en nuestro país, a través de la publicación de la Ley para la Promoción y Protección del derecho a la igualdad de las personas con VIH/SIDA y sus familiares[1].  La cual, operacionaliza para este sector, los preceptos del artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás resoluciones ministeriales y dictamenes jurídicos de instituciones públicas.

Principios generales de la Ley

La ley, tiene como objeto, la promoción y protección del derecho a la igualdad de todas las personas con VIH/SIDA, así como a sus familiares, a los fines de asegurar que disfruten y ejerzan todos sus derechos, garantías, deberes y responsabilidades, sin discriminación alguna, especialmente las derivadas de su condición de salud. (Art. 1).

De la misma manera, en su artículo 2 recoge como algunas de sus finalidades: establecer y desarrollar las condiciones jurídicas, administrativas y de cualquier otra índole, necesarias para promover los derechos y garantizar la igualdad de las personas que viven con VIH/SIDA y sus familiares.  Promover y adoptar medidas positivas a favor de las personas que viven con VIH/SIDA y sus familiares para que la igualdad sea real y efectiva.  Prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación a las personas que viven con VIH/SIDA y sus familiares, fundadas en su condición de salud, que tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el goce y ejercicio de sus derechos.  Prohibir y sancionar actos y conductas de discriminación individuales, colectivos o difusos. Y, restituir el goce y ejercicio de los derechos de las personas que viven con VIH/SIDA y sus familiares cuando hayan sido vulnerados o afectados.

Aspectos innovadores

1.- Establece como grupos vulnerables, por riesgo a contraer VIH/SIDA y por tanto son sujetos preferentes en las políticas de prevención y tratamiento que desarrolle el Estado: las personas que consumen drogas, trabajadores y trabajadoras sexuales, comunidades sexo diversas, migrantes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, privados de libertad, personas en situación de calle, y cualquier otra reconocida por el Estado (art. 4.5).  También establece como grupo vulnerable a las personas que viven con VIH/SIDA y sus familiares (art. 6), y los y las jovenes (Art. 28).

2.-  Prohibe explicitamente todo acto o conducta de discriminación cometido por cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, contra las  personas que viven con VIH/SIDA y sus familiares (art. 7). Incluye el trato digno, humano y respetuoso, especialmente en las relaciones personales, atención de los servicios públicos prestados por el sector público o privado (art. 8), reiterando la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de la Ley (Art. 5).

3.- Se establece la responsabilidad individual, civil, administrativa, disciplinaria y penal para todas las personas públicas o privadas, naturales o jurídicas que infrinjan la ley (art. 12 y 36).  Contempla  como mecanismo de justiciabilidad, para la restitución de los derechos y garantías afectados para las  personas que viven con VIH/SIDA y sus familiares, el recurso de amparo constitucional (art. 35).  Adicionalmente a ello, establece a los tribunales de municipio en lo contencioso administrativo como el competente para imponer las sanciones administrativas (multas), bajo la figura de procedimiento breve (art. 37).

4.- Contempla de manera clara y concisa el goce y ejercicio de los derechos (y sus garantías en igualdad de condiciones) por parte de las  personas que viven con VIH/SIDA y sus familiares, la promoción del tema,  y la prohibición expresa de exigencia de diagnósticos de VIH como prerrequisito para su acceso o permanencia, en ámbitos de educación, cultura, deporte y recreación (art. 16, 17 y 18).  Lo mismo ocurre en relación al sector salud y asegurador público y privado, incluyendo en caso de ser necesaria la realización de pruebas, el consentimiento informado, así como la prohibición de negar la atención primaria en centros de salud públicos y privados, o en el caso de las aseguradoras, negarse a celebrar contratos, excluir de HCM o negarse a dar indemnizaciones (arts. 19,20, 21 y 22), y en el sector laboral, donde se incluyen los ambientes libres de discriminación, el acceso sin discriminación al sistema de seguridad social y la inamovilidad laboral para las  personas que viven con VIH/SIDA y sus familiares; así como la prohibición de exigir la prueba diagnóstica de VIH como prerequisito para el ingreso o permanencia en el empleo (arts. 23, 24, 25 y 26).

La ley no es todo

Es importante recordar, que si bien la ley representa un gran avance para la garantía de los derechos de las personas con VIH/Sida y sus familiares, hay un camino largo por recorrer.  Es importante que la ciudadanía active los mecanismos formales establecidos para la exigibilidad de sus derechos, hacer seguimiento al cumplimiento de la ley, y en general denunciar a las personas – naturales o jurídicas – o instituciones – públicas o privadas – que agravien el contenido de la ley y cometan – por acción u omisión – actos que menoscaben el ejercicio de los derechos a la igualdad y no discrminación de las personas que vivien con VIH/Sida y sus familiares.

 

Fuente: Francisco Martínez Montero / Correo del Orinoco [1] Gaceta Oficial N° 40.571

 

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