Infierno en la tierra: los centros de detención preventiva de Venezuela

Infierno en la tierra: los centros de detención preventiva de Venezuela

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Falta de alimentos, escasez de medicamentos, deficiencia de los más elementales recursos tales como agua potable, inexistente clasificación de los detenidos –ni siquiera separados según su género– en medio de un hacinamiento estimado en más de 400 por ciento, convierten a los centros de detención preventiva de Venezuela en versiones del infierno en la tierra.

En Venezuela, “los centros de detención preventiva son espacios que existen dentro de las comisarías policiales de todo el país, de estados, municipios, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que no dependen del Ministerio venezolano para el Servicio Penitenciario y a los cuales las personas allí detenidas deberían permanecer por un lapso máximo de 48 horas”, declaró el abogado Carlos Nieto, coordinador general de la ONG, en entrevista para el Nuevo Herald.

Según el más reciente informe de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, 27 personas murieron entre enero y junio en lo que va de año en estos centros, donde “las violaciones de derechos humanos fundamentales se han convertido en situaciones cotidianas”. La cifra de fallecidos incluye un funcionario policial encargado de la custodia.

“Diez de ellas perdieron la vida de debido a cuadros de desnutrición o enfermedades infecciosas que contrajeron en los calabozos en los que estaban recluidos y para las cuales no recibieron el correspondiente tratamiento médico. Otras 17 fueron víctimas de asesinatos”, indica el informe.

Impactan a la opinión pública casos como el ocurrido el 5 de mayo cuando, según información policial, un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana manipulaba su arma de reglamento y le hizo un disparo al prisionero Franyerson Martínez González, de 19 años de edad. El caso permanece bajo investigación, destaca el informe.

De 48 horas, los lapsos reales en los cuales permanecen las personas detenidas en estos centros de detención preventiva han llegado a ser indefinidos y para algunos han alcanzado los cuatro años. “Esto ocurre así porque el Ministerio para el Servicio Penitenciario ha prohibido la entrada de nuevos reclusos a sus recintos y ha hecho que colapsen todos estos retenes policiales, estas comisarías, que no tienen ningún tipo de condiciones para tener a personas allí detenidas, por un tiempo más allá de las 48 horas”.

“Estamos hablando de una población aproximada en esos centros de detención preventiva de 47 a 48,000 reclusos. En las cárceles tradicionales, las que dependen del Ministerio de Servicios Penitenciarios hay 57,000 más. Tenemos una población penitenciaria de aproximadamente 105,000 reclusos”, destaca Nieto.

El estudio se realizó con una muestra de 89 centros venezolanos de detención preventiva sobre un total de 500. Los centros de la muestra del estudio tienen una capacidad instalada para albergar a 1,910 privados de libertad; pero para junio de 2017 contaban con una población de 8,249 privados de libertad –una sobrepoblación de 6,339.

El promedio de hacinamiento totaliza 432%, un poco más de cuatro personas en el espacio que debería ocupar una.“La situación es tan grave que los reclusos se turnan para dormir. Unos tienen que estar parados y los otros se pueden acostar y cuando éstos se paran los otros se acuestan, porque no caben todos acostados al mismo tiempo en las celdas”, indicó el abogado experto en derechos humanos.

Al menos 33.52 por ciento del total de personas detenidas en los estos centros de detención preventiva ya fueron procesadas, pero no han sido trasladados a centros definitivos de reclusión. “Se trata de un sistema penitenciario paralelo”, sentencia Nieto.

“Responsabilizo directamente al Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela. No ha cumplido con su función de velar por el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y prohibiendo la entrada de nuevos reclusos a sus recintos carcelarios, sin que ellos lo autoricen, han hecho que se congestionen terriblemente estas celdas que son policiales y que deberían se transitorias”, manifestó Nieto

El infierno desde adentro

Según el informe, los centros de detención preventiva como sitios de reclusión permanente y la prohibición del derecho a las visitas han sido los hechos registrados con mayor frecuencia en las zonas que reúnen el mayor número de población penal de Venezuela, incluyendo a Caracas, su capital.

En la mayoría de los centros de detención preventiva, las personas permanecen en las mismas áreas, sin distingo de sexo o edad. De la muestra, 475 son mujeres, 95 son menores de edad, 32 son extranjeros (mucho de estos no tienen documentos de identidad) 7 son personas LGBT.

La mayoría de estos centros, 86.52 por ciento, no poseen servicio de comedor. Esta situación afecta de forma directa el derecho a la alimentación y de forma indirecta el derecho a la salud. El acceso al agua potable también es restringido, sólo 21.35 por ciento de los 89 centros cuenta con el servicio. Adicionalmente, casi 60 por ciento de los centros de detención preventiva no cuenta con servicio de recolección de basura.

Por citar un ejemplo del informe, en una sede policial de Ocumare del Tuy, en el estado Miranda, al centro del país, “hay nueve presas que comparten una letrina. Las reclusas denunciaron que sufren de infecciones vaginales y también de problemas estomacales, pues solo cuando llegan el agua a esa sede policial, llenan un barril de agua que utilizan para hidratarse y bañarse”.

“No les dan comida, no tienen atención médica, en muchos lugares no hay ni si quiera donde bañarse. Les dejan ir al baño una vez al día, en algunos casos dos veces y si necesitas hacer una necesidad en todo ese tiempo tienes que hacerlo en bolsas, latas y todo eso permanece allá adentro con todo el mundo, que se suma a la insalubridad, porque no tienes agua para bañarte. Se han detectado enfermedades en la piel, sarna, tuberculosis, personas que viven con VIH sin atención médica. Verdaderamente, son depósitos de seres humanos”, destacó el coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad.

La población que habita en estos centros de detención preventiva no excluye a los que participan en las recientes protestas en Venezuela. “La gran mayoría de las personas que están siendo detenidas en protestas en Venezuela están en estos centros de detención preventiva, unidas a todo el mundo y pasando las mismas necesidades que pasan todas las demás. Sin ningún tipo de diferenciación entre unos y otros”, manifestó Nieto.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) cuenta con un centro de detención preventiva donde arrecian estas condiciones, aunadas, denunció Nieto, a la tortura. “En un lugar que tiene una capacidad para 80 personas había 360 detenidos. El espacio de construcción de celdas es de alrededor de 300 metros cuadrados, eso quiere decir que cada recluso tiene menos de un metro cuadrado de espacio”.

“El 80 por ciento de las personas que están en el SEBIN son presos políticos. A ellos se les aplican torturas. Hay golpes, algo que llaman la crucifixión que es que los amarran como si estuvieran en una cruz y los dejan allí horas y horas. Electricidad que les ponen en sus órganos genitales. Aislamiento por tiempo indefinido. La situación es tan grave que, al magistrado elegido por la Asamblea Nacional, Angel Zerpa, que acaban de detener en estos días, lo tienen en un baño del SEBIN, porque no había lugar donde meterlo”, indicó Nieto.

Fuente: León Hernández / El Nuevo Herald 

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