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Inacción del Estado ante llamados de atención sobre crisis de salud menoscaba derechos de niñas niños y adolescentes

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La falta de transparencia por parte de las autoridades venezolanas ante la crisis de salud en Venezuela no es un impedimento para que a través del trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos pueda conocerse públicamente el repunte reciente en las muertes de infantes a causa de enfermedades previsibles o tratables. De igual forma, estas mismas personas están llevando a cabo, a pesar de todas las barreras, una misión de exigibilidad en materia de obligaciones del Estado.

El 25 de enero de 2016, debido a la escasez de fármacos que se vive en el país, Cecodap, una ONG dedicada a la protección, promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, introdujo una medida preventiva anticipada por el desabastecimiento de medicamentos esenciales para niños y niñas y adolescentes que, de acuerdo con la Ley de Medicamentos, son básicos, indispensables e imprescindibles, y deben ser asequibles en todo momento para la población. Un mes después, el Tribunal Décimo Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes negó esa solicitud argumentando que no existían pruebas suficientes sobre escasez de medicamentos en el país y que en función de la corresponsabilidad de la sociedad civil con el Estado, las familias son las que tienen el deber de suministrar medicinas a sus niños y niñas.

La organización recurrió la decisión poco después ante el TSJ, pero la revisión de la sentencia fue negada y el 16 de diciembre de ese mismo año la Sala de Casación Social rechazó una medida preventiva para velar por los derechos de los pequeños frente a la escasez de medicamentos, sentencia que a la fecha no ha sido publicada.

Carlos Trapani, abogado, representante y coordinador general de Cecodap afirmó que los jueces dan la espalda a las víctimas ya que son 20 los casos expuestos en el expediente de niños afectados que sencillamente fueron menospreciados.

¿Cuando fallan los hospitales también se puede hablar de “responsabilidad compartida”?

Jhon tiene 12 años, fue llevado por su madre de 26 años a la emergencia del Hospital Pediátrico Elías Toro ubicado en Catia por presentar más de tres días de fiebre. Al cumplir 48 horas durmiendo en el piso junto a su mamá y su hermanito recibió la orden de ingreso a quirófano. Tenía una bacteria alojada en el hígado que estaba haciendo estragos en su organismo.

El pequeño necesitaba dos unidades de sangre O + debido a que generalmente esas operaciones hacen que el paciente pierda mucha sangre, pero ningunas de las especialistas encargadas del estudio de la sangre se encontraba en su lugar de trabajo, ¿la razón? “están de reposo o simplemente se fueron del país” confirmó una enfermera de quirófano cuando la madre preguntaba por qué tardaban toda la noche para comenzar a operar.

Jhon corrió con suerte y por cosas del destino pudo llegar otra enfermera hemoterapista que trabaja en otro hospital ubicado al extremo de la ciudad y que se enteró de lo ocurrido. “Si no se estudia la sangre de una persona antes de hacer la transfusión la persona puede morir, debido a que corre el riesgo de tener un tipo errado; yo vine porque es un niño”. No obstante la “solución” al problema estuvo lejos de ser la ideal. La especialista dejó constancia por escrito de que el centro médico debía “contratar personal”, en su respectivo informe en los libros de entrega de guardia, especificando que ella trabajaba en otro centro de salud y que el trabajo con niños es “delicado”.

En el caso de que Jhon hubiese perdido la vida su madre tal vez no se habría enterado jamás de que es responsabilidad del Estado la reparación e indemnización por tal tragedia, en tanto el Estado a través de sus ministerios y trabajadores deben garantizar la atención óptima a todos sus pacientes sin tener que inventar una excusa como que el padre tendría la obligación de buscar el personal especializado para que su hijo enfermo pueda ser atendido.

Hospitales sin condiciones

En el mismo centro hospitalario está Deyanira, madre de una niña de 8 años que lleva dos semanas hospitalizada por Malaria y que señala que la comida que a veces le dan en el hospital no tiene los nutrientes necesarios para que su hija sane rápido.

“Aunque me dijeron después del cuarto día de haberla traído que ella lo que tenía era Malaria, ahora me dicen que es viral y que pronto la sacarán del área infectocontagiosa. La comida es terrible y a veces llega solo dos veces al día. Como mi niña tiene tanto tiempo aquí ya me acostumbré a bajar a pedir al mercado que me regalen una empanada o lo que sea para traerle algo de comer porque yo sé que no se curará rápido si no come bien”.

Deyanira no tiene empleo fijo, solo limpia varias oficinas de fábricas de muebles en la avenida Sucre, cobrando dos mil bolívares el día. El padre de la niña es vendedor informal y afirma haber perdido todos sus ahorros el año pasado en un operativo policial donde le quitaron la comida que vendía en el mercado.

“Enfermarse en este país es lo peor que le podría pasar a un niño, sea pobre o rico o lo que sea. No hay medicinas, no hay comida y no hay nada. Yo veo a diario como madres en el hospital dejan a sus niños enfermos solos para correr a buscar cualquier medicamento que le piden los médicos o las enfermeras. Hasta las camas están dañadas y a los niños también les toca dormir en el piso”.

Para los niños, el disfrute del derecho a la salud es esencial porque son seres vulnerables que están más expuestos a las enfermedades y a las complicaciones de salud. Al proteger a los niños de las enfermedades, estos podrán llegar a la edad adulta con buena salud y contribuir al desarrollo de sociedades más dinámicas y productivas, pero en Venezuela esto parece no ocupar a los organismos responsables ya que las denuncias que llueven a diario en los medios de comunicación no son tomadas en cuenta y las peticiones de las organizaciones de la sociedad civil son desestimadas de una manera brutal o consideradas de manera muy tímida. Por ejemplo, Cecodap ya había pedido una acción de protección para los niños del Hospital  J. M. de los Ríos en 2015, acción que fue admitida pero se solicitaron inspecciones al centro de salud público que no se han efectuado.

Es importante llamar la atención del Estado y hacerle entender a sus funcionarios y representantes que valorar como positivas las exigencias de respuesta y soluciones ante situaciones que demuestran que la crisis de salud es real es la única manera de poder progresar y convivir en paz. Las defensoras y los defensores de derechos humanos no son una amenaza, son la esperanza de que un mejor futuro es posible para todas las personas sin discriminación.

Gabriela Buada Blondell / Amnistía Internacional Venezuela 

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