Falta de transparencia de autoridades venezolanas sobre economía del país frena ayuda...

Falta de transparencia de autoridades venezolanas sobre economía del país frena ayuda internacional a su ciudadanía

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Caracas, 23 de enero de 2017. – El Fondo Mundial de la lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria envió hace poco una carta a la Red Venezolana de Gente Positiva RVG+ —organización que agrupa a diferentes ONG venezolanas que trabajan a favor del disfrute del derecho humano a la salud en alianza con otras instituciones internacionales— explicando su negativa de ofrecer ayuda humanitaria a personas con VIH y SIDA en Venezuela, alegando que el país aún goza de “ingresos altos” y que, como tal, “no es elegible” para favorecerse de los programas del Fondo Mundial.

Vale destacar que las estadísticas que utiliza el Foro Mundial para poner en práctica sus programas de asistencia están basadas en las cifras que maneja el Banco Mundial y que a su vez son tomadas de los informes que los gobiernos de todo el mundo publican sobre sus propios países. Debido a esta lógica, efectivamente, para el Banco Mundial y por tanto para el Foro Mundial, Venezuela es un país de “ingresos altos” con un nivel de vida similar al de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón.

En conclusión: Decenas de miles de personas que viven con VIH se encuentran en grave peligro de muerte, no solo porque las autoridades sanitarias venezolanas han venido surtiendo de manera irregular los medicamentos necesarios para combatir el virus —la interrupción, así sea por un solo día, en la toma de este tipo de medicamentos acarrea que sus principios activos pierdan efectividad y la persona desarrolle el mortal SIDA— sino porque, además, el Banco Central de Venezuela viola el derecho de la ciudadanía a la rendición de cuentas al no proporcionar cifras actualizadas sobre la situación económica nacional, sea por arrogancia, falta de coraje, o por el motivo que sea, a pesar de que el propio gobierno reconozca que las cosas no marchan bien a través de la promulgación y reciente ratificación del Estado de Excepción y Emergencia Económica.

Queda demostrado cómo los derechos humanos están interconectados entre sí, puesto que el derecho a la información se une al derecho a la salud.

Oportunidades desaprovechadas: vidas que se pierden innecesariamente

Entre otras cosas, el Fondo Mundial, desde su creación en 2002, ha facilitado en 151 países que 4,2 millones de personas reciban tratamiento contra el VIH y que 9,7 sean tratadas contra la tuberculosis. Su contribución, pues, a un mundo más saludable, ha sido de un incalculable valor, salvando a millones de vida.

Es una “lástima”, por decir lo menos, que las personas en Venezuela que podrían estar necesitando la ayuda del Fondo Mundial no puedan beneficiarse de sus programas a pesar de estar padeciendo “una de las peores crisis económicas en décadas”, documentada por diferentes organizaciones como Amnistía Internacional que a través de una delegación que visitó el país pudo constatar una falta crónica de productos alimenticios y medicamentos esenciales.

“Las políticas obstinadas están afectando seriamente millones de vidas. La combinación letal del severo desabastecimiento de comida y medicinas, combinado con los altísimos niveles de criminalidad, persistentes violaciones de derechos humanos y políticas que se enfocan en asegurar que las personas no se quejen en vez de responder a sus pedidos desesperados de ayuda, es la receta perfecta para una catástrofe épica,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, hace menos de un año a propósito de su visita a Caracas y Táchira. Una parte de esas “políticas obstinadas” que está teniendo un impacto tan negativo en la vida de las personas es sin duda la falta de transparencia de las autoridades venezolanas.

Que las cifras oficiales actualizadas y confiables brillen por su ausencia impide no solo la implementación de políticas públicas estructuradas sino que entorpece la activación de los instrumentos internacionales de asistencia creados para afrontar los tiempos difíciles.

Las autoridades venezolanas deben abordar la actual crisis que vive el país admitiendo su dimensión y abriéndose a soluciones concretas que tomen en cuenta los derechos humanos. Las personas más vulnerables son las que más sufren. La ayuda internacional y la rendición de cuentas no constituyen unas amenazas.

La comunidad internacional no debe lavarse las manos

Desde luego que si las autoridades venezolanas no quieren dar su brazo a torcer, los organismos intergubernamentales podrían tratar de flexibilizar sus estrategias ante lo que es más que evidente para así atender a una población que requiere de su ayuda de manera desesperada. Así lo plantea Acción Ciudadana Contra el SIDA:

“Es lamentable y preocupante que la cooperación internacional, en especial el Fondo Mundial de de la lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, desconozca la actual crisis que azota a la población venezolana, entre ellas las personas con VIH y SIDA, quienes diariamente no tienen acceso a la atención médica adecuada y sin los mínimos estándares internacionales requeridos, de forma frecuente son sometidos al desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales, reactivos de laboratorio para el diagnóstico, control y seguimiento al VIH, y la constante escases de medicinas para tratar infecciones asociadas al SIDA como para el tratamiento del cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hemofilia, difteria, entre la larga lista de condiciones de salud. Aunado a la crisis alimentaria que ocasiona que un número importante de personas con VIH padezcan de hambre porque en Venezuela no se les garantiza alimentos básicos como la leche, arroz, carnes, cereales, aceites y mantequilla, pastas, harinas, azúcar, entre otros”.

Esto tiene mucho que ver con las duras críticas que ha recibido la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por “premiar” a Venezuela debido a sus “avances” en materia de alimentación, cuando no hace falta más que salir a un supermercado para darse cuenta de que muchos productos no se consiguen, los que hay alcanzan precios prohibitivos, y los esfuerzos por llevar alimentos a los hogares de manera directa han sido insuficientes.

Víctor Molina / Amnistía InternacionalCrisisCrisis 

 

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