El caso de Yolvik Chacón: acoso laboral en tiempos de revolución

El caso de Yolvik Chacón: acoso laboral en tiempos de revolución

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¿Es Venezuela un país de plenas libertades? El discurso oficial insiste en afirmar que todos los ciudadanos han alcanzado la reivindicación de sus derechos y le han sido reconocidas sus luchas sociales, políticas y laborales durante los últimos 17 años. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, ha levantado como consigna propia declararse “presidente obrero”, en respaldo a esa disputa histórica. Recordó el pasado mes de abril, cuando se cumplieron 4 años de la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT):

“Bien afirmaba el Comandante Chávez al decir: ‘Cualquier capitalista dice: mira qué vagabundería es. No, vagabundería no, son derechos humanos, son derechos de los trabajadores, trabajadoras y de sus familias”.

Sin embargo, no escapamos a escenarios hostiles en empresas privadas como públicas, más cuando se tejen distintas posturas y son los mismos afectados los que inician un camino para defender su propia causa: que no les sean vulnerados sus derechos y ser reconocidos en su condición, tal como lo establece la Carta Magna.

Este es el caso de Yolvik Chacón, una funcionaria activa del Fondo Cultural del Alba –empresa grannacional creada para la promoción y distribución de bienes y servicios a favor de la cultura de América Latina y el Caribe- quien denunció que experimenta una situación de “acoso laboral” y lo atribuye, entre otras razones, a que es lesbiana.

Renuncia que no aceptó

Desde el 30 de marzo de 2015 trabaja como Comunicadora Social I con un contrato por tiempo indeterminado y está adscrita a la Gerencia General de la institución, ubicada en Caracas. Manifiesta que su relación laboral cambió luego de la designación de un nuevo jefe, Lenin Antonio Bandres Herrera, quien sustituyó a Alí Ramón Rojas Olaya e inició un proceso de reestructuración interna. El 18 de marzo, cuatro días después de su llegada, envió un primer correo como manifestación de reclamo “porque le solicitaron la renuncia” y ella no aceptó.

Sí recibió respuesta de su antiguo jefe, Alí Ramón Rojas Olaya:

La verdad es que estamos sorprendidos con esa carta pública. Nunca pensé que pudieras hacer algo que va en contra de lo que siempre has hecho. Hasta ahora te habías comportado como una mujer con alto sentido de la ética y la responsabilidad. Entiendo que la “desesperación” te hace actuar con poco criterio. Aún estás a tiempo de rectificar (…)

Además que hiciste exactamente lo contrario de lo que te sugerí: renunciar, quedar en buenos términos y asumir otros retos (…) Eres una mujer impecable. Como revolucionaria jamás te mueve el odio ni la rabia (…)

Hay muchas verdades en tus palabras, pero que no vienen al caso analizarlas acá, porque Bandres no tiene la solución al problema sencillamente porque él no es ministro del trabajo, él trae un equipo porque tiene una visión, siguiendo instrucciones del ministro Ñáñez, para posicionar al Fondo Cultural del Alba. Así de sencillo. Si en algo me aprecias, pide disculpas y sigue mi ejemplo (…)

De manera progresiva, la relación laboral fue deteriorándose con un desmejoramiento del ambiente de trabajo, según cuenta Yolvik. Cuatro meses después de aquel correo, en julio, le informaron sobre nuevas asignaciones que debería reportar directamente a la coordinación de Recursos Humanos, además, sería movilizada de su espacio físico manteniendo las mismas condiciones laborales de acuerdo al memo que le hicieron llegar. Hasta ese momento solo esperaba “nuevas tareas” y llegaron. Sin embargo, la funcionaria alega que hubo momentos en que quedó sin módulo, sin las herramientas para trabajar, sin conexión a internet, sin silla y, sobretodo, con una presión latente de que algo puede ocurrir.

“Por suerte no me molestan, voy sólo a cumplir horario, y a leer, me siento en una mesa llena de polvo y escombros, ya que están remodelando la oficina, evito comunicarme con los compañeros de trabajo para que no los vayan a marcar a ellos y luego quieran obligarlos a que renuncien también (…) Aguanté bastante, me vi afectada emocionalmente por siempre estar a la expectativa sobre qué acciones iban a tomar, fue una presión constante y diaria”.

Al ser contactada por El Cambur para que contara su historia comenta que asistió a la Defensoría del Pueblo; al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel); Fiscalía y a la Inspectoría del Trabajo para exponer su caso, siempre con el mismo resultado: fue atendida pero su denuncia era difícil de ser probada y señala que fueron muy cuidadosos en no mencionar la palabra “acoso laboral”, “víctima” y “lesbiana” en algún documento probatorio. Ahora, también, busca apoyo en organizaciones no gubernamentales y activistas que defienden los derechos LGBTI.

No quiere politizar el conflicto. Se considera revolucionaria y lo que busca al hacer pública la denuncia es que se le reconozcan sus derechos, que otras personas que pasen por estas situaciones también exijan y no se queden calladas. Dice que ella no es la única que vive una situación de acoso laboral en empresas del Estado. En el portal Aporrea, para julio de 2014, un articulista calificaba como “alarmantes” la impunidad en estos casos de mobbing en Venezuela a pesar de las leyes existentes.

En casi 6 meses Yolvik ha hecho un diario donde acumula eventos y documentos, esperando que la escuchen y la situación cambie y la reasignen a otra área. Sigue contactando a las actuales autoridades de la institución, a las anteriores, a personajes del sector y hasta al ministro de Cultura, Freddy Ñañez. Algunas pocas le han contestado.

“Existe una instancia en el Ministerio del trabajo para denunciar estos supuestos. La revolución nos ha blindado con leyes a todos y todas.

No podría decir más al respecto pues todo mundo tiene derecho a ser considerado inocente hasta demostrarse lo contrario. Si este fuese el caso, no tenga duda de que actuaremos en consecuencia -no sólo en apego de las leyes sino también a la ética revolucionaria- contra quienes cometan actos como los que Ud. acusa. Por ello la exhorto a usar los canales que nos provee el Estado en lugar de vías poco fiables y por ello desprestigiadas como las cartas públicas, etc. F.Ñ.”.

La página del Ministerio Público califica al acoso laboral como “una plaga del siglo XXI” y hace referencia al perfil de la víctima, del acosador, las consecuencias psicológicas para el afectado y las formas de identificar las situaciones de acoso.

El abogado Carlos Alberto Henríquez, durante una ponencia que toca el tema y es reseñada en la página de Venamcham, señala que los términos acoso laboral, acoso moral, psicoterror laboral, acoso psicológico, mobbing laboral o mobbing, definen la misma conducta abusiva contra el trabajador, que modifica sus condiciones laborales y atentan contra su integridad psíquica o física.

La legislación venezolana la contempla en la Ley Orgánica de Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras (Lottt), en su artículo 79 y en su artículo 164 y en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), en su artículo 56. De igual forma, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia también lo define; la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala la violencia laboral y la novísima Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o SIDA y sus Familiares toca el tema.

El Cambur intentó contactar tanto a Lenin Bandres, al consultor jurídico Ciro Medina como a Adriana Dávila de la coordinación de Recursos Humanos para conocer su posición, sin embargo, no fue posible. En respuesta, una persona no identificada contestó: “si nos puede informar cual es la denuncia con gusto podremos brindarle cualquier información que necesite al respecto. Saludos”.

Institucionalización de exclusión

El más reciente informe de la ONG Acción Ciudadana contra el SIDA (ACCSI) señala que en Venezuela “existe homofobia de Estado” y alertan sobre la falta de cifras oficiales que registren agresiones cometidos contra la comunidad sexodiversa, en cualquier área. Es el tercero que publica esta organización referido a crímenes de odio por la orientación sexual, identidad de género y expresión de género.

Señala, además, que instituciones públicas como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Consejo Nacional Electoral, entre otros, siguen en deuda con las necesidades y exigencias de las personas de diversidad sexual debido a que sus acciones se caracterizaron por la omisión, la inacción y la negación del reconocimiento de derechos de las personas LGBTI.

Yolvik insiste en afirmar que el conflicto laboral se debe a su condición de lesbiana, así lo expresa en cada correo que escribe contando su situación y defendiendo su legítimo derecho al trabajo, sin importar condición u orientación sexual. Comenta que sus compañeros le han dicho que “al gerente no le gusta tu aspecto físico, por ser lesbiana”, pero aclara que directamente no han emitido comentarios. No tiene manera de probar los desaires por parte de otros trabajadores.

En el informe sobre la situación de los derechos humanos de personas LGBTI en Venezuela, presentado en la CIDH y elaborado por la activista Quiteria Franco de la Red LGBTI, señala que en el ámbito laboral “son frecuentes las situaciones de discriminación y violencia contra las personas LGBTI, siendo víctimas de atropellos, despidos injustificados, vulnerando así todos sus derechos y beneficios laborales establecidos en el marco legal vigente. No obstante, no hay registros de casos, esto debido a que no existen mecanismos que sancionen estos delitos. Quienes son discriminados no se sienten protegidos y temen exponer su caso por miedo a mayores y peores consecuencias, como el riesgo de perder su empleo y en el peor de los casos a agresiones físicas” (p. 26)

Información reseñada por ACCSI indican que durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro no se logró materializar lo enunciado en materia de orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Por el contrario, se ha estimulado la discriminación y rechazo a la comunidad LGBTI con expresiones lesbo, homo y transfóbicas como una forma de ofensa y son responsables de esa actitud tanto el jefe de Estado, ministros, diputados como líderes políticos y miembros de distintas iglesias.

Aún el trecho es largo para que se responda la pregunta inicial: ¿estamos en un país de plenas libertades? Existe el marco legal pero hace falta la voluntad política, la educación y la organización colectiva para poder avanzar.

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Fuente: El Cambur /  Isabel Guerrero Villasmil

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