Derechos para personas trans: Venezuela es uno de los países más atrasados...

Derechos para personas trans: Venezuela es uno de los países más atrasados de la región

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Ginette es una joven trans venezolana que llegó a Estados Unidos hace más de dos años. Como cualquier otra persona, ella aspira ser respetada y valorada. En este tiempo ha logrado conseguir un trabajo estable y vivir de su sueldo de una manera apropiada.

Pensar en las oportunidades que le hubiesen quedado a Ginette de haber permanecido en Venezuela se resumirían en casi ninguna, salvo la prostitución y quizás la muerte. Si conseguir un trabajo digno es complicado en estos momentos de dramática crisis económica, imaginen cuánto peor no lo es para una persona trans, y es que incluso para las cosas más sencillas la vida de las personas trans en Venezuela, donde para poder comprar alimentos o medicinas tienes que presentar tu cédula de identidad, es un infierno. Lo mismo ocurre para poder acceder a los servicios educativos y de salud disponibles. Todo ello sin contar con que en Venezuela, que ya de por sí es un país violento, los asesinatos se ciernen de manera insidiosa contra estas personas.

Y es que mientras la mayoría de los países del mundo, cada cual con su ritmo, avanzan a favor del respeto a la diversidad y la tolerancia, Venezuela está sumida en un estancamiento vergonzoso.

Hace algunas semanas atrás la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por medio de un comunicado felicitó los avances en materia de derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) que se han registrado durante los últimos meses. Mencionando particularmente a países como  Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú y Uruguay quienes por medio de sus leyes buscan reconocer los derechos de personas trans.

Ecuador aprobó en febrero de este año la “Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles”, la cual permite la modificación del nombre, y el cambio de la categoría de “sexo” por la de “género” en los documentos que identifican a personas mayores de 18 años.

En Bolivia el 21 de mayo de 2016, la Asamblea Legislativa sancionó la Ley No. 807, “Ley de Identidad de Género” con la finalidad de garantizar que las personas trans puedan cambiar su nombre, el dato de sexo e imagen en toda la documentación pública y privada vinculada a su identificación para así ejercer de forma plena su derecho a su identidad acorde a su identidad y expresión de género.

Chile no se quedó atrás y el pasado 3 de agosto la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó la indicación sustitutiva del proyecto de ley de identidad de género que asigna al Servicio de Registro Civil la competencia para conocer de la solicitud de rectificación de los documentos de identidad de las personas trans adultas -chilenas o extranjeras con residencia definitiva en Chile-, en lugar de los tribunales de justicia.

La lucha para que Venezuela deje de ser un país atrasado

La Red LGBTI presentó a principios del mes de junio ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) un documento solicitando una legislación que proteja y permita a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, gozar de los mismos derechos que el resto de la población.

“El reconocimiento legal de las parejas conformadas entre personas del mismo sexo, legalizar la identidad trans, sancionar cualquier tipo de discriminación, así como tipificar los crímenes de odio conforman la agenda de necesidades prioritarias” indicó Quiteria Franco, coordinadora de la Red LGBTI, quien mantiene activamente un papel fundamental en la sociedad civil que trabaja por la visibilidad de la igualdad de derechos para toda la comunidad LGBTI venezolana.

A pesar de que Ley Orgánica de Registro Civil, publicada en gaceta oficial en 2010, establece en su artículo 146 que “toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez (…) cuando este sea infamante, la someta al escarnio público”, en esta no se menciona ninguna posibilidad de cambio de género sexual en la documentación personal y en la actualidad ninguna persona trans ha podido cambiar su nombre.

Amnistía Internacional como parte de su trabajo por el respeto de los derechos humanos para todas las personas sin distinción, también ha solicitado en varias oportunidades la discusión en plenaria de una Ley que reconozca la identidad de género y permita el cambio de nombre y sexo legal, debido a que las personas trans son discriminadas diariamente, sobre todo en la actualidad con lo que tiene que ver expresamente al acceso de alimentos, medicinas, salud, justicia, libre tránsito (alcabalas y aeropuertos), educación y trabajo por tener un documento de identidad que no las representa. Recientemente, Prissila Solórzano, activista de este movimiento, presentó un discurso ante la Asamblea, en el que se puede resaltar lo siguiente:

Ustedes forman parte de una generación que, ante la adversidad, puede dejar su gran huella de progresividad e inclusión en la historia, como aquellas que consiguieron el voto femenino, la abolición de la pena de muerte o el fin del trabajo forzado.

Los documentos de identificación legales que en estos tiempos otorga el Estado Venezolano, por contener apariencias en nombre e imagen diferentes a las identidades de las personas transexuales constituyen una barrera para su realización, integridad, seguridad, logro y disfrute de los derechos amparados en nuestra Constitución y una limitación de la ciudadanía.

Los actos de las autoridades en el registro público, tribunales y otras instancias que niegan a las personas transexuales el cambio de nombre como derecho a la identidad legal, tienen además múltiples impactos en:

  • El derecho a la salud. Si es difícil que te atiendan en un hospital, imaginen cuánto más difícil lo es para nosotros por no estar reconocidas nuestras identidades por el estado.
  • El acceso a la justicia: Los perpetradores de crímenes contra transexuales rara vez comparecen ante tribunales. La falta de reconocimiento de la identidad legal, anima a funcionarios públicos a conductas desviadas de extorción y violencia.
  • El derecho al libre tránsito. Los atropellos y arbitrariedades que afectan nuestra seguridad son frecuentes en alcabalas y aeropuertos.
  • El derecho al trabajo. Pocas personas trans disfrutan de acceso al empleo, igualdad de oportunidades y de remuneraciones.
  • El derecho a la educación. Todas las consecuencias de la exclusión crónica y de la discriminación hacia transexuales pueden presentarse en el ámbito académico, desde la escuela a la universidad. La falta de identidad legal a transexuales afecta tanto lo profundo y social, lograr títulos como los míos que no llevan mi nombre y hasta malas vivencias como que algunos profesores, puedan tomarse la atribución de considerar que una persona transexual está inexistente porque su nombre no corresponde con su identidad.

De acuerdo a los tratados internacionales, los Estados tienen la obligación positiva de trabajar hacia la eliminación de prácticas perniciosas y que son inconsistentes con los derechos humanos. El primer paso hacia ese camino es el reconocimiento, y en este momento la Asamblea Nacional es la única instancia del Estado venezolano que constituye una esperanza para la comunidad trans para el logro de tales fines, mediante una Ley de Identidad de Género.

Estoy segura que esta Asamblea Nacional será digna y estará a la altura que exige este momento histórico, por lo que ustedes no desoirán mi petición. Venezuela puede superar su atraso, ponerse a la bandera y ser un país de avanzada en el reconocimiento de derechos de las personas trans; petición que además suscribe la agenda de diversidad de la Red LGBTI de Venezuela.

Nuestro país puede superar su atraso legislativo y la Asamblea Nacional puede ponerle fin a esta pesadilla de discriminación, exclusión y explotación para las personas transexuales.

Celeridad contra la discriminación

Si bien es cierto que las leyes han ido avanzando a través del tiempo y las necesidades de las poblaciones, es conocido que la celeridad de la aprobación de las misma no pueden estar supeditadas a un gobierno o una posición moral que en virtud de la realidad discrimina como consecuencia y expone a las personas trans a vivir en contantes situaciones de vulnerabilidad.

Es importante que todos los Estados continúen adoptando medidas en favor de personas trans que se fundamenten en el consentimiento libre e informado y que no contengan requisitos patologizantes como lo son permitir que las empresas tanto públicas como privadas soliciten certificados psicológicos, psiquiátricos o exámenes médicos para ejercer alguna profesión, optar por algún empleo o cursar alguna carrera universitaria.

La prevención de la discriminación debe ser incluida en las legislaciones ya que la exposición constante de la comunidad LGBTI hace que a estas personas no se les garanticen muchos de sus derechos. Resulta imperativo incluir la perspectiva de diversidad sexual en toda la atención sanitaria sin dar paso a actos discriminatorios para así lograr mejoras en la atención y el acceso a los servicios de salud por parte de las personas LGBTI garantizando de forma integral su derecho a la salud. También el mundo pone de manifiesto la exigencia de la elaboración del protocolo de atención promovido por la CIDH para la población privada de libertad sexualmente diversa.

El derecho a un trabajo digno debe ser incluido en todas las legislaciones ya que las personas trans tienen que tener acceso a un lugar donde realicen labores remuneradas tanto en empresas privadas como en los organismos para dar paso a un mayor ejercicio de sus derechos económicos y sociales. De igual forma los derechos que corresponden al ámbito educativo deben estar garantizados por los Estados quienes con gestiones y otorgamiento de becas de estudio para personas trans lograrán la igualdad plena de la población.

Fuente: Gabriela Buada Blondell / Amnistía Venezuela / Ilustración Fosin / Shutterstock

 

 

 

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