El activista por los derechos humanos Feliciano Reyna asegura que el declive de la situación nacional será mucho más marcado para el 2017 por la negligencia en su combate. Sin embargo, mantiene que la solución se encuentra en la acción articulada entre los defensores de los derechos humanos, la ciudadanía y los medios de comunicación.
El Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrado este año nuevamente en Ginebra, Suiza, es un mecanismo que permite evaluar y mejorar la situación de los derechos humanos en todos los rincones del mundo.
Los 193 Estados que conforman la organización se someten a una serie de revisiones y estándares internacionales, reciben recomendaciones y adoptan compromisos voluntarios. En el caso venezolano, según el presidente de Acción Solidaria y Civilis Derechos Humanos, y uno de los invitados al examen, Feliciano Reyna, el EPU no es más que una ventana para exaltar con propaganda los logros de la llamada «revolución» y hacerse de oídos sordos a la preocupación expresada por la comunidad internacional ante las alarmantes cifras de inseguridad, la escasez de insumos básicos y la crisis humanitaria.
Reyna explica la importancia de estos mecanismos en foros supranacionales, el rol de los ciudadanos como principales jueces del gobierno y la importancia de tener todos los derechos para todas las personas en todas partes del mundo.
Con base en lo expresado por la comunidad internacional y su apreciación como presidente de organizaciones no gubernamentales con amplia presencia en el país, Reyna asegura que el declive de la situación nacional será mucho más marcado para el 2017 por la negligencia en su combate. Sin embargo, mantiene que la solución se encuentra en la acción articulada entre los defensores de los derechos humanos, la ciudadanía y los medios de comunicación.
El activista recomienda al Estado admitir a los relatores especiales de la ONU para constatar las acciones y comentarios pertinentes, hacer una verdadera consulta nacional para realizar un Plan Nacional de Derechos Humanos, a diferencia de la consulta unilateral y superficial realizada este año, y la divulgación de las recomendaciones que sirvan como motivación a la población para hacer el trabajo de emplazamiento a dar pronta respuesta, así como a los compromisos voluntarios asumidos por el Estado venezolano.
“Las ONG estamos haciendo un trabajo de articulación expandida entre todos los grupos que abogan por los derechos humanos. Buscamos tener una mayor capacidad junto a otros actores, como lo son los medios de comunicación social, de poner en la agenda pública qué son los derechos humanos y crear conciencia de ello (…) Tenemos que comenzar a nombrar a los responsables de la crisis por sus nombres”.
Censura y propaganda
La lectura de Reyna sobre los derechos humanos en Venezuela no es descabella. Muy por e contrario, se centra en hechos concretos, como las reticencias del Estado venezolano a escuchar las críticas de las organizaciones no gubernamentales, como sucedió este año en la última edición del EPU.
“El Estado venezolano, al igual que lo hizo en el 2011, ha desnaturalizado el carácter del EPU”, afirma Reyna sobre el desempeño de la delegación venezolana en Ginebra, que se negó a recibir unas 297 recomendaciones, aproximadamente, formuladas por 102 Estados, alegando que el sistema no tiene fallas que corregir.
En contraste con la revisión del año 2011, donde participaron 50 países en la revisión, con un tiempo de intervención de casi 3 minutos; en el 2016 los 102 países participantes tuvieron un tiempo de 1 minuto y 10 segundos cada uno para expresar sus opiniones acerca de la situación venezolana.
Según Reyna, esto se refiere a una estrategia de la delegación nacional para limitar las críticas hacia la gestión gubernamental, añadido a una exposición que exaltaba los logros en materia de derechos humanos de los últimos 17 años como una forma de censurar indirectamente y desviar la atención de los problemas sociales, civiles y económicos.
El origen y la mística de los derechos humanos
Durante las 14 intervenciones de la delegación venezolana, Reyna destaca la ausencia de autocrítica de los funcionarios, con la excepción de un breve comentario en la intervención de la ministra de Salud, Luisana Melo, quien acotó que “tenemos algunas fallas puntuales con las medicinas y alternas”.
“No es posible que dada la situación realmente grave que está afectando a la población venezolana, el Estado no haya hecho un ejercicio decente de reflexión y de exponer los retos que enfrenta ante el conjunto de los demás países y aceptar la cooperación”, declaró.
Bajo esta premisa, las exposiciones del gobierno omitieron situaciones críticas como la escasez de alimentos, la deserción escolar, las altas tasas de mortalidad, los ajusticiamientos y la falta de independencia en los organismos oficiales, los índices de pobreza, entre otros, negándole así una posibilidad de mejora por medio de la cooperación.
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Fuente: Daniela Tabata Bottini en Correo del Caroní