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Contradicciones en los resultados del examen a Venezuela sobre derechos humanos ante la ONU

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El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizó la tercera etapa del segundo Examen Periódico Universal (EPU) donde Venezuela respondió de manera definitiva sobre la adopción de las 274 recomendaciones emanadas de 102 países que participaron durante la Sesión de Evaluación de Venezuela, celebrada el pasado mes de noviembre.

La reunión que duró tres horas y que contó con la representación del Estado por Iris Varela, ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario quien afirmó que el país no solo protege los derechos humanos sino que el Gobierno es pionero en esta materia. En la sesión, la ministra también dijo que en Venezuela se respetan todos los derechos humanos y libertades, existe plena independencia y autonomía de los poderes públicos, se garantiza el derecho a referendo revocatorio y la recolección de manifestación de voluntades ciudadanas y se mantiene una sistemática cooperación con el Sistema Universal de Derechos Humanos.

El informe de Venezuela sobre las recomendaciones aceptadas, las anotadas y las rechazadas fue consignado el pasado 13 de marzo mostrando que el Estado aceptó 193 recomendaciones, desestimó 28 sobre derechos gravemente afectados y no está dispuestos a cumplir 53 que a juicio de la organización Civilis resolverían la severa crisis que el país atraviesa en la actualidad y que ha sido denunciada por personalidades de la talla de Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional durante el lanzamiento del informe de la organización sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.

Asimismo, Varela afirmó en su intervención que el rechazo se debió a que “hay en esas recomendaciones un claro trasfondo político y forman parte del constante asedio y de las permanentes amenazas contra la democracia venezolana”.

Las recomendaciones rechazadas son las de países que mencionaron que Venezuela debe revertir la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, aceptar las visitas solicitadas por órganos de las Naciones Unidas y atender los llamados del Alto Comisionado, todas las relacionadas con reconocer y restaurar las potestades de la Asamblea Nacional y respetar plenamente la participación política, las referidas a la protección de defensoras y defensores de los derechos humanos, garantizar el cese de la persecución y violencia política, respetar las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica y adecuar la vigilancia de comunicaciones a las normas de derechos humanos, poner fin a la Operación Liberación y Protección del Pueblo, garantizar los derechos a colombianas colombianos afectados por el cierre de fronteras, reducir los homicidios, combatir la impunidad y poner fin a los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, asegurar mejores condiciones de reclusión para el elevado número de personas detenidas y el excesivo hacinamiento en las cárceles, eliminar la instrucción premilitar en las escuelas y ajustar la Ley de Educación a la protección del derecho a la autonomía y la libertad de cátedra.

OSC venezolanas dicen que “los derechos humanos son violados constantemente”

Feliciano Reyna, representante de Civicus Alliance y otras 170 organizaciones de la sociedad civil en la sesión definitiva aseveró que en Venezuela no ha habido cooperación con la oficina del Alto Comisionado para los DDHH ni para recibir las visitas de representantes de procedimientos especiales desde hace varios años y que la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica están severamente restringidas.

“Periodistas, estudiantes, activistas políticos y defensores de derechos humanos son objetos de estigmatización y criminalización y las personas detenidas son sometidas a torturas y tratos crueles; el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo no actúan con independencia, afectando las garantías de protección de los derechos humanos; el Servicio de Inteligencia venezolano debe dejar de operar como un sistema de justicia paralelo y debe cesar el uso de la justicia militar para procesar civiles”.

El defensor de derechos humanos presentó también varias cifras para demostrar ante el Consejo que en el país se vive una emergencia humanitaria compleja “82% de la población venezolana vive hoy en pobreza, 1 de cada 10 niños y niñas menores de 5 años en 4 estados de Venezuela presentaron Malnutrición Global Aguda en diciembre de 2016, 75% de hospitales públicos no puede prestar atención mínima adecuada por falta de medicinas e insumos y no hay reactivos para pruebas de control para el VIH, 4 millones de personas no tienen desde hace meses acceso a las medicinas que su condición con urgencia requiere”.

Las anotadas

Conforman la lista de las anotadas las que exigían ratificar los protocolos de denuncia en casos de tortura y violaciones a derechos del niño; garantizar el respeto a las libertades de expresión y asociación y un entorno propicio para la sociedad civil; poner fin a la prisión arbitraria y liberar a todos los presos políticos; respetar el debido proceso y los derechos humanos de las personas privadas de libertad; garantizar derechos a personas transexuales, transgénero y parejas del mismo sexo; y aceptar la asistencia y la cooperación internacional para enfrentar la crisis del sector salud y la escasez de alimentos.

Los estados miembros que les fueron omitidas sus recomendaciones en su mayoría coincidieron en que están al tanto de la situación de Venezuela en materia de derechos humanos y que esperan que el Estado no solo anote, sino que cumpla con sus obligaciones.

Estados Unidos señaló “realizamos un nuevo llamado al gobierno de Venezuela para que los medios de comunicación independientes puedan informar”.

Amnistía Internacional también se mostró tajante en su intervención y afirmó que “muchos Estados hicieron recomendaciones para garantizar la libertad de expresión y garantizar un ambiente de libertad social. Aunque Venezuela aceptó la mayoría de las recomendaciones sobre libertad de expresión, eventos recientes demuestran que en la práctica continúa siendo un desafío el ejercicio pleno de este derecho”.

Finalmente, y luego de la sesión, Feliciano Reyna destacó que las recomendaciones de los Estados miembro son pertinentes, aunque la ministra las haya tildado de “sesgadas” y de tener un “trasfondo político”. “El Estado venezolano debe aceptar la cooperación humanitaria internacional porque en la comunidad internacional se sabe que Venezuela está presentado una situación gravísima en materia de derechos sociales y estamos viviendo una crisis humanitaria compleja”.

Gabriela Buada Blondell / Amnistía Internacional Venezuela 

 

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