Basta de ataques contra la protesta social: La salud y la libertad...

Basta de ataques contra la protesta social: La salud y la libertad de expresión son derechos humanos indivisibles

0
Compartir

Maira trabaja en el banco de sangre del Hospital JM de Los Ríos. Decidió participar en la marcha “por la salud y la vida” porque sencillamente “corremos peligro” dejando que el sistema de salud en el país siga deteriorándose poco a poco. Una joven profesional que hace el trabajo de 6 personas y que así tenga vocación de servicio humanamente no puede ejercer las funciones de tres compañeros más.

“Nadie sabe la importancia de una hemoterapista en lo que a salud se refiere, y como no se sabe lo que hacemos no hay muchas licenciadas en enfermería que se especialicen en esta área”.

La especialista comenta que a veces ha tenido guardias corridas de dos y tres días porque sencillamente no hay personal. Para ser hemoterapista se requiere de una especialidad de dos años que te certifica para estudiar la sangre que se debe colocar a personas que necesitan ser transfundidas, afirma la hemoterapista al hablar de la importancia de su trabajo, al tiempo que señala que ningún hospital tiene el personal completo en banco de sangre porque sencillamente no les interesa pagar.

Todos los hospitales están atravesando una crisis de salud que no se puede tapar con miles de dedos, ya que no es solo la escasez de medicina y la situación económica lo que hace que los pacientes crónicos mueran, sino que la falta de personal operativo y administrativo está poniendo en evidencia las costuras de la crisis en Venezuela. Por todo este cúmulo de molestias los trabajadores del sector salud se organizaron y decidieron protestar en las inmediaciones del Ministerio de Salud para así exigir sus derechos, protesta a la que se le sumaron pacientes crónicos, la Federación Farmacéutica de Venezuela, Fetrasalud, estudiantes y miembros de la sociedad civil con la finalidad de entregar un documento en el Distrito Sanitario Nro. 13 en San Martín a la viceministra del trabajo, Lenigna Garrido.
La movilización transcurrió desde tempranas horas de la mañana del martes 7 de febrero, sin embargo, poco a poco se observaron los piquetes de los cuerpos de seguridad del Estado. Un fuerte despliegue de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional anunciaba que los trabajadores de la salud representados por Fetrasalud no cumplirían con sus objetivos. Desde la avenida la avenida San Martín hasta el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Asamblea Nacional la seguridad tomó cada espacio.

La represión no se hizo esperar. No solo se trataba de un despliegue innecesario de cuerpos de seguridad, policiales y militares (estos últimos totalmente inadecuados a la hora de controlar manifestaciones de ningún tipio), sino que las y los manifestantes corrían en la confusión justo en el momento en el que aparecieron varias personas que estaban vestidas de civil, pero que dejaban ver sus armas para apoyar la contingencia de seguridad. Se trataba presumiblemente de los famosos “colectivos”, civiles armados afectos al gobierno.

“Hasta la marcha de la salud fue reprimida por colectivos, no les importó que estuvieran presente personas con patologías crónicas, de igual forma arremetieron contra mujeres y no nos dejaron pasar” comentaba una trabajadora de la salud.
La manifestación pacífica es un derecho humano universalmente reconocido. En las normas internacionales de protección, la manifestación está además especialmente protegida. Los Estados no pueden aplicar restricciones a este derecho que sean incompatibles con los tratados internacionales. Las manifestaciones cumplen una importante función en la reivindicación de derechos e incentivan el debate político sobre problemas de interés público.

Como derecho protegido, de acuerdo con la ONG CIVILIS, las garantías a la manifestación pacífica que deben brindar los gobiernos de todo el mundo por obligación tienen que cumplir con los siguientes estándares:

Todas las personas tienen derecho a la manifestación pacífica (concentraciones, protestas, huelgas y paros, entre otras), lo que significa expresar en público, de manera individual o colectiva, y por medios no violentos, la insatisfacción, desacuerdo o indignación con hechos o situaciones que les afecten directamente o perjudican el interés público, exigiendo soluciones o cambios en el marco de una sociedad libre y democrática. La manifestación pacífica es un acto legítimo contra violaciones de los derechos humanos, políticas de gobierno o actividades de terceros, siendo la libertad de reunión una condición de ésta.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la manifestación pacífica, expresando pública y libremente su opinión sobre asuntos relacionados con sus derechos, en condiciones acordes con su edad y protegiendo su integridad y desarrollo. La manifestación pacífica es igualmente un derecho de todas las personas privadas de libertad, e incluso una de las garantías a sus derechos dentro de las condiciones especiales en las que se encuentran bajo custodia del Estado.

Las manifestaciones pacíficas constituyen una expresión del derecho a la libertad de reunión y, amparadas en este derecho, no requieren de autorización previa. En todo caso debe aplicarse un procedimiento de notificación, siempre que éste no restrinja de manera indirecta el derecho a la reunión pacífica. Son prácticas de restricción indebidas: a) la prohibición de manifestaciones; b) la imposición de restricciones injustificadas; c) la exigencia de requisitos innecesarios; d) la falta de recursos para negar permisos; e) la existencia de leyes incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, ya sea porque dificultan o penalizan las manifestaciones o se les enmarca en delitos como “terrorismo” o “desestabilización”.
En el caso de huelgas, está prohibido: a) la tipificación de las huelgas como delito; b) la no inclusión del derecho de huelga en la legislación nacional; c) la existencia de leyes que prohíben a los trabajadores ir a la huelga; d) la existencia de leyes que permiten la sustitución de los trabajadores en huelga; e) la exclusión injustificada de ciertas categorías de trabajadores del derecho a huelga, como el caso de los maestros o los profesores universitarios del sistema público de enseñanza; f) la prohibición de las huelgas de todos los funcionarios y empleados públicos; g) la utilización de definiciones demasiado amplias de “servicios mínimos” que afectan al derecho de huelga de los funcionarios públicos.

Los Estados no deben interferir en las manifestaciones pacíficas y también deben proteger a los manifestantes en el ejercicio de sus derechos, en particular cuando las personas que manifiestan defienden puntos de vista impopulares o controvertidos o pertenecen a minorías u otros grupos que están expuestos a un riesgo mayor de victimización, ataques u otras formas de intolerancia. La presencia de observadores de los derechos humanos en las manifestaciones puede disuadir la violación de los derechos humanos. La labor de los periodistas también es importante para facilitar información independiente sobre las manifestaciones.

Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas deliberadas, concretas y selectivas para promover, mantener y fortalecer el pluralismo, la tolerancia y una actitud abierta con respecto a la disensión en la sociedad, y deben respetar y proteger por igual a los que expresan opiniones divergentes, impopulares o disidentes como lo hacen con aquellos que están a favor del gobierno.
Los Estados no pueden prohibir acciones de manifestación pacífica, impedirlas, censurarlas o ejercer amenazas físicas o psicológicas contra sus participantes. Específicamente, los Estados deben abstenerse de: a) presumir de antemano su carácter desfavorable, incluso si hubiere antecedentes, o descalificarlas como actos de “desorden público” o “desestabilización”; b) ilegalizarlas mediante la delimitación de zonas de reserva que justifique su criminalización y la respuesta violenta de los cuerpos de seguridad; c) ordenar toques de queda, medidas de bloqueo de las rutas o impedir el acceso a las sedes de las instituciones públicas; d) utilizar “infiltrados” con el objeto de provocar desorden y justificar el empleo de la violencia; e) la cercanía de grupos contrarios a los manifestantes y protegidos por los cuerpos de seguridad; y f) la colocación de mensajes y música en los lugares de concentración, contrarios al de los manifestantes.

Tampoco es una razón justificada invocar la seguridad nacional o el orden público con el fin de prohibir, impedir o restringir manifestaciones localizadas o relativamente aisladas, ni impedir el ejercicio de manifestaciones, por la prevención de posibles enfrentamientos entre grupos o su frecuencia en un lugar específico. La seguridad nacional o el orden público no son pretexto para la imposición de limitaciones vagas o arbitrarias, y las mismas sólo pueden aplicarse si existen protecciones adecuadas y recursos efectivos contra el abuso. El Estado deberá acordar con los manifestantes aquellas acciones que permitan el respeto a los derechos de los demás. La libre circulación de vehículos no debe anteponerse automáticamente a la libertad de reunión o de manifestación pacífica.

Los manifestantes pueden expresarse libremente, independientemente del contenido de sus discursos y de su mayor o menor aceptación social y estatal. Es una obligación del Estado la neutralidad ante los contenidos y garantizar que no existan personas, grupos, ideas u opiniones excluidos a priori. Los Estados deben asegurar el acceso a Internet en todo momento, también en los períodos de malestar político.
En el derecho a la libertad de expresión existen ciertos discursos especialmente protegidos: a) los discursos políticos y los que tratan sobre asuntos de interés público; b) los que chocan, irritan, desafían o inquietan a los funcionarios o a los candidatos a cargos públicos; c) las opiniones minoritarias, siempre que no perpetúen los prejuicios ni fomenten la intolerancia; y d) los discursos que expresan elementos esenciales de la identidad o dignidad personales: hablar el propio idioma, expresar creencias religiosas o la propia orientación sexual y la identidad de género.
No están protegidos por la libertad de expresión: a) la propaganda de la guerra y la apología del odio nacional, racial o religioso que inciten a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional; b) la incitación directa y pública al genocidio; y c) la pornografía infantil.

Es una obligación del Estado no interferir con el derecho a circular información, ideas y expresiones en una manifestación pacífica. La libertad de dar y recibir información protege de manera especialmente enérgica la expresión y difusión de informaciones en materia política y, más ampliamente, sobre asuntos de interés público. Por lo tanto, la protección de su libre difusión resulta especialmente relevante para la formación de la opinión pública.

No se justifica la aplicación de restricciones o la penalización de los manifestantes por mensajes en los que no hubo propaganda de guerra, ni incitación inminente a la violencia. Tampoco por un interés social imperativo para prevenir discursos que ofendan “la moral”, produzcan “alarma, temor o terror en la población” o afecten la “salud mental”. Toda medida de restricción debe referirse a conductas y establecer la diferencia entre los que promueven pacíficamente sus opiniones y los que recurren a la violencia.

En casos de conflicto entre la libertad de expresión y el honor de los funcionarios, debe considerarse que ellos están sujetos a un tipo diferente de protección. Tienen derecho a la intimidad y al honor con menos resistencia normativa que el derecho que asiste a los ciudadanos ordinarios en el ejercicio de sus derechos a expresarse e informar. Ello no implica que los funcionarios públicos no puedan ser judicialmente protegidos; pero deben serlo acorde con los principios del pluralismo democrático, y a través de mecanismos que no tengan la potencialidad de generar inhibición ni autocensura.

Está prohibido para todos los sujetos políticos y los poderes estatales, la utilización abusiva y desproporcionada o excesiva de la fuerza contra los manifestantes. Ello comprende la intervención de cuerpos militares, el uso de armas de fuego, el empleo de la violencia, y el uso de gases lacrimógenos o de sustancias tóxicas contra los manifestantes. Los Estados deben establecer medidas administrativas de control para asegurar que sólo se recurra excepcionalmente al uso de la fuerza en manifestaciones públicas en los casos en que sea necesario y deben adoptar medidas de planificación, prevención e investigación de los casos en que haya habido abuso de la fuerza. Los funcionarios que incurran en estas prácticas deben ser sancionados.

También se prohíbe que se efectúen allanamientos o detenciones o arrestos arbitrarios de los manifestantes, o que se niegue a los detenidos el debido proceso, el derecho a la defensa y el juicio en libertad. De haber condena por algún delito, no es admisible que se apliquen penas sin proporcionalidad o se encarcele a los manifestantes en centros penitenciarios donde se cumplan penas por faltas graves y delitos comunes.
En vista de que la manifestación no pudo continuar, los organizadores decidieron dirigirse al Distrito Sanitario Nro 13 y entregar el documento con sus peticiones y denuncias que señalan que como trabajadores no pueden ayudar a los enfermos porque no se les paga lo que les deben y no tienen las condiciones necesarias para brindar un óptimo servicio. Aunque, Fetrasalud asume que el Ejecutivo seguirá negándose a recibirlos, aseguran que ellos seguirán en la lucha por sus derechos laborales.

Por: Gabriela Buada Blondell en Amnistía Internacional Venezuela 

No hay comentarios